Misioneros dominicos denuncian violación de derechos en el Seybo

El grito de los pobres

Juan Antonio Mateos Pérez

SALAMANCArtv al DÍA 

Cada uno de nosotros debe hacer lo suficiente para proteger a los pobres del mundo de manera que tengamos la seguridad de que estamos compensando por completo la propia parte del déficit de derechos humanos que causamos en conjunto.

Thomas Pogge

No era mi intención hablar hoy de nuevo sobre la pobreza y las injusticias, otros temas nos reclamaban: El abrazo de Francisco y el Patriarca Kiril que rompe mil años de desencuentros, una misma fe con distinta teología; el nuevo vídeo del Papa hablando del cuidado de la Tierra; el año de la Misericordia; la Cuaresma y el camino hacia la Pascua, el drama de los refugiados, etc. Pero un nuevo grito de injusticia nos llega de América, de nuevo el fraile dominico Montesino apela a la conciencia y nos pregunta, ¿acaso éstos no son hombres? Quinientos años después, un nuevo grito de los frailes impulsados por las injusticia y por la verdad ha vuelto a sentirse, un grito que nos debiera escandalizar, no sale en las televisiones y parece que no, por lo tanto es como si no existiera.

Nos llega una nota desde El Seybo, en la República Dominicana por el promotor de Justicia y Paz del CIDALC (Conferencia interprovincial de los Dominicos de América Latina y el Caribe), Fr. Miguel Angel Gullón OP, denunciando la violación de los derechos humanos, la violencia y el atropello en unas barriadas de pobres cerca de una serie de complejos turísticos del país. A las tres de la madrugada se personan armados el barrio de Villa Guerrero de Santa Cruz de El Seybo, desalojando con fuerte violencia a setenta familias y destruyendo sus casas. Los que realizaron esta acción, con el consentimiento del gobierno, son los agentes de la todopoderosa Compañía Central Romana, propietaria del 70 % de la tierra de la provincia del Seybo. Eran casas de personas humildes, construidas con el sudor de su trabajo, las mujeres lavando y planchando ropa y los compres trabajando en el campo y la construcción.

La Central Romana es una de las muchas corporaciones que empezaron como empresas agrícolas de plantación, en este caso en la explotación de azúcar. En la actualidad Central Romana posee más de 200,000 acres de terreno, de los cuales, más de la mitad es dedicada al cultivo de la caña. Pero la compañía ha diversificado desde principio de siglo sus inversiones, ampliando sus garras corporativas a otros sectores como el ferrocarril, las manufacturas, los servicios y el turismo. Son imponentes la red de hoteles, aeropuertos, puertos turísticos, controlan la electricidad del país, el suministro de agua, incluso tienen importantes hospitales dirigidos principalmente a sus empleados, supermercados propios, etc. En su página web, se presenta hipócritamente como generadores de riqueza, con un fuerte compromiso social, generadores de vivienda y protectores del medio ambiente, pero no explican lo que a escondidas están realizando con la impunidad de los gobernantes.

La imagen de una gran empresa avanzada y limpia forma parte de esas campañas de hipocresía que muchas grandes empresas se presentan ante la sociedad, pero sus acciones son completamente diferentes, contra sus trabajadores o contra la sociedad. Muchas de estas grandes empresas y conglomerados económicos están detentando el poder real en muchos países, sobre todos los pequeños. Está claro que los grandes organismos de control, como el Banco Mundial o el Fondo Monetario son responsables de la  irracionalidad en el manejo de las privatizaciones, la falta de controles básicos al “libre comercio” al igual que la presencia excesiva de las corporaciones transnacionales o nacionales en el control de la economía mundial o nacional, limitando las funciones básicas del Estado. ¿Qué hace el gobierno de la República Dominicana? ¿No tendría que ser la garantía para que se respetaran los derechos de sus ciudadanos? Como vemos no, ya no son el garante de los derechos y lo que es más grave, ha privatizado la seguridad y el control de la policía ¿Qué hace una empresa privada con agentes armados amenazando a la población y violando los derechos más elementales?

Así están las cosas, los movimientos que defienden los derechos humanos  tienen mucho que ofrecer en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, pero deberá ir más allá de una visión centrada en los derechos civiles y políticos, limitada al paradigma de los Estados centristas. Deberán desafiar cualquier ideología que trivialice el discurso político acerca del desarrollo y la pobreza, desarrollando una idea de que la pobreza estructural no es aceptable en los tiempos que vivimos. Promover y luchar una justicia globalizada, para ello es necesario un efectivo gobierno internacional como nos ha indicado Thomas Pogge.

 Pogge afirma que cualquier política internacional se deberá basar en la lucha de los problemas morales de peso y fundamentales, centrados en los seres humanos y, que puedan ser ampliamente compartibles entre todas las culturas y civilizaciones. Para ello se necesita un acuerdo internacional sobre un estándar moral común que sea plausible y capaz de una amplia aceptación internacional. Pogge no sólo propone ese moral mundial para establecer esa justicia global, como base de un gobierno internacional,  también es necesaria la legitimidad de cada Estado, ésta se consigue con el respeto derechos morales y humanos. Los organismos internacionales no deberían fomentar aquellos Estados que violan los derechos, donde en terminología de Pogge, tienen un déficit democrático, ya que están fomentando la pobreza, la desigualdad. Hacer justicia a la humanidad, como nos comenta Pogge, es dar forma un nuevo a un orden internacional para que todos los seres humanos tengan acceso seguro a los bienes básicos que necesitan para ser miembros plenos y respetados de sus comunidades, de sus sociedades y del ancho mundo. ¿Tomarán nota los poderosos de estas premisas? Parece que no, por lo que muchos pobres serán desalojados de sus casas por muy humildes que sean.